El presente informe es un estudio de seguimiento que profundiza en el papel de los DPI mediante el análisis de gran muestra representativa de más de 127.000 empresas europeas con el fin de comparar la situación de las empresas que poseen derechos de propiedad intelectual con las que no.

Los DPI incluidos en el estudio son patentes, marcas comerciales y diseños (o cualquier combinación de los tres).

Por otro lado, el presente estudio incluye los DPI nacionales y europeos, una mejora importante de los datos, y proporciona una visión completa de la cartera de DPI de cada empresa, tanto europea como nacional.

Algunas de las conclusiones son:

• las empresas que poseen DPI tienden a ser más grandes que las empresas que no los tienen y las empresas que poseen derechos de propiedad intelectual tienen en promedio un 20% más de ingresos por empleado que las empresas que no los tienen.
• los sectores más intensivos en DPI son la información y la comunicación, con un 18% de empresas de ese sector que poseen derechos de propiedad intelectual, seguidas de la industria manufacturera. Empresas de servicios profesionales (“profesionales, científicos y actividades técnicas ”) también son relativamente intensas en DPI (el 13% de estas empresas poseen DPI).

Dado que las pymes representan la gran mayoría de empresas de la muestra, la distribución general de propietarios de DPI entre países es similar a los resultados para las PYMES. Empresas de Malta, Portugal, Chipre, Alemania, Austria, España, Francia, Polonia y el Reino Unido es más probable que sean propietarias de DPI. En esos países, más del 10% de todas las PYME poseen en al menos uno de los tres DPI

El análisis presentado en este estudio confirma que existe una fuerte relación positiva entre la propiedad de diferentes tipos de DPI y el desempeño de la empresa medido por los ingresos por empleado y salarios medios pagados.

Las barreras que enfrentan las PYME incluyen la falta de conocimiento sobre los DPI, una percepción de que el registro y los procedimientos son complejos y costosos, y el alto coste de la aplicación de esos derechos, un carga para las PYME (EUIPO, 2017).

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